El dato sobresaliente en la jornada de alegatos realizada antes de que los jueces comenzaran a deliberar sobre el fallo que darán a conocer hoy, fue que la fiscal Silvana Rinaldis declaró no haber hallado pruebas que fundamenten una condena, por lo que se abstuvo de solicitar una pena contra los policías.
Rinaldis se basó en los videos de cámaras de seguridad que registraron parte del operativo de detención de Bravo, y, sobre todo, en los informes médicos que dieron cuenta de los graves problemas de salud que atravesaba Bravo, quien había sido empleado de la justicia provincial y estudiante de derecho, pero había caído en una situación de calle a raíz de una severa adicción a las drogas.
La fiscal, en función de esos elementos, dijo que nada acredita que los policías hayan actuado excediéndose en sus atribuciones ni que atormentaran a Bravo, y planteó que el deceso del joven fue consecuencia de un fallo multiorgánico derivado de un deterioro integral y progresivo impuesto por sus condiciones de vida en los años previos.
El Comité de Prevención de la Tortura y la familia de Bravo sostienen que los policías aplicaron tormentos al detenido y actuaron con animosidad hacia él.